Domingo, Junio 16, 2019
   
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Hay legisladores incrédulos de lo que pretende lograr la Cruzada Contra el Hambre

La senadora perredista Lorena Cuéllar Cisneros exhortó al Presidente de la República para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), informe si tienen prevista una estrategia para medir los resultados específicos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Al presentar un punto de acuerdo, la legisladora por Tlaxcala dijo que es común que se generen expectativas cuando el gobierno anuncia la puesta en marcha de un programa que pretende reducir a niveles sostenibles o eliminar el hambre de millones de personas.

Sin embargo, aseguró que es poco factible que dicha cruzada alcance sus objetivos ya que el gobierno actual no destinó una partida especial del presupuesto para llevar a cabo el programa.

Asimismo, dijo que hay municipios con mayor incidencia de pobreza y quedaron fuera de la cruzada, la estrategia productiva para sacar adelante a millones de mexicanos no es clara y no existe control en los precios de los alimentos.

La también presidenta de la Comisión de Desarrollo Social explicó que además la inversión nacional en ciencia y tecnología para el desarrollo del campo está estancada y no se asume la construcción de instrumentos específicos de evaluación para que los mexicanos sepamos cuándo y cómo se redujo la pobreza con la cruzada contra el hambre.

Por lo anterior, la senadora puntualizó que la Cruzada Nacional Contra el Hambre no es más que la nueva aspirina que no curará el mal de un paciente sino que cada día empeorará su estado de salud, ya está orientada a satisfacer la demanda y no las necesidades esenciales de los mexicanos.

Cuéllar Cisneros detalló que los principales factores que propician hambre y desnutrición son la indigencia y pobreza, resultado de la exclusión, inequidad y desigualdad social generada por la falta de empleo, la precariedad de ingresos salariales y derechos laborales, escaso o nulo acceso a la capacitación, educación, salud, agua potable, electrificación, transporte, insumos agrícolas y financiamiento para el desarrollo económico del sector social.

“Mientras no se asuma una solución integral persistirá el círculo vicioso que propicia la exclusión social y por tanto la pobreza y la indigencia, como en el caso de la llamada política de desarrollo social impulsada en México desde fines de la década de los 80 con el programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)”, aseguró.

Por lo anterior, dijo, resulta patético que en los últimos años haya crecido la pobreza e indigencia como resultado de la precarización de las condiciones de vida y de trabajo con la pérdida de prestaciones, aumento de la jornada laboral, disminución del salario real y la promoción de empleos precarios.

Destacó que en 2003, sólo tres mexicanos eran acaudalados al poseer el equivalente al 1.98 por ciento del PIB, pero para 2011, alrededor de 11 personas concentraron el 15.23 por ciento del PIB de 2010; es decir, en un año incrementaron sus fortunas en 38.5 por ciento, lo equivalente al ingreso anual del 50 por ciento de los habitantes del país, mientras que el salario mínimo aumentó sólo 2 pesos.

Lorena Cuéllar explicó que la fórmula general de desarrollo económico del actual gobierno representa la continuidad de la estrategia que ha frenado desde los años 80, la vocación del Estado de Bienestar para dar paso a una administración de vocación gerencial que opera los intereses de los poderes fácticos.

“Queda claro que la política macroeconómica genera pobreza y aplica remedios efímeros en el desarrollo social y el gobierno actual pretende aumentarlo a través de reformas como la laboral, hacendaria, fiscal, energética que precarizan el empleo y fortalecen el control del sector privado, principalmente extranjero”, puntualizó.

 

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