Martes, Octubre 23, 2018
   
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Severo reclamo de la CNDH a las instituciones por su debilidad en los penales de todo el país

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó a la Cámara de Diputados que es inaceptable que desde el interior de las cárceles se organicen y operen delitos, ya que impactan de manera directa a la población en contra de la seguridad ciudadana, y denunció la existencia de autogobiernos y cogobiernos en gran porcentaje de los centros penitenciarios.

Resaltó que el gobierno de las prisiones en los estados tiene que estar a cargo de las autoridades legítimamente designadas para ello y no en manos de los internos, ni de grupos relacionados con la delincuencia organizada, lo que constituye una debilidad institucional injustificable.

“La deficiente actuación (de las autoridades) y las precarias condiciones de estancia para los internos, vulnerando los derechos a un debido proceso, así como el incumplimiento de posibilidades reales para la reinserción y el maltrato generalizado, constituyen violaciones a los derechos humanos de los internos de los centros penitenciarios. Esas carencia, sigue siendo, hasta ahora, parte del panorama cotidiano de las prisiones del país”, afirmó.

Al presentar, el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2012”, comentó que para realizarlo se trabajó en 101 centros estatales penitenciarios más poblados del país (varoniles, mixtos y de mujeres), en las 32 entidades federativas, cuya población total al momento de levantarse la muestra era de 169 mil 995 internos.

Además, se visitaron 17 centros federales, cuya población era de 20 mil 298 internos; se incluyeron las tres prisiones militares, cuya población era de 818 internos, lo que representa una muestra que abarca el 79.93 por ciento de la población penitenciaria nacional.

La CNDH relató que en la mayoría de los centros de reclusión visitados existe deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad, por parte de los servidores públicos, en relación a la seguridad, a las actividades que se realizan al interior (deportivas, educativas y culturales) y en los servicios (alimentación, luz, agua), lo que da lugar al autogobierno. De los 101 centros visitados, en 65 de ellos se detectó autogobierno/cogobierno, precisó.

También hacinamiento y sobrepoblación, ya que se observó una deficiente distribución de los internos en un gran número de los centros visitados y algunos rebasan la capacidad instalada; no existe una separación entre hombres y mujeres; carecen de unidad odontológica, de personal suficiente para atender a los internos y de atención psicológica.

En el documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos, se menciona que en relación a la supervisión del funcionamiento de los centros, no se cuenta con un registro o control de las supervisiones realizadas por los titulares; en la mayoría, no existen acciones para prevenir incidentes violentos, como riñas, lesiones, fugas, suicidios, homicidios y motines.

Hay una falta de procedimientos para la remisión de quejas sobre violación a los derechos humanos, por parte de los internos ante la instancia competente; los teléfonos públicos no cuentan con acceso a números gratuitos como el 01 800; en la mayoría de los centros, las condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos, son muy deficientes.

En casi todos los penales, existe una gran deficiencia en la elaboración y distribución de los alimentos e insuficiente personal de seguridad y custodia. En la gran mayoría se detectaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas, e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.

También se detectaron cobros de internos para protección, asignación de instancia o plancha para dormir, mantenimiento de los dormitorios y para no realizar labores de limpieza; no existe en la gran mayoría de los centros, clasificación criminológica de los internos.

En el caso de mujeres, se revelaron deficiencias en relación a la atención médica y a la alimentación de los hijos de internas que viven en el centro. Respecto a la población indígena, no existe el servicio de intérpretes en casos de ser necesario, ni medidas para evitar el trato discriminatorio; escasa atención a internos con discapacidad mental; no hay una adecuada ubicación para internos que viven con VIH SIDA.

Se argumenta que el DNSP es un instrumento de evaluación que permite examinar la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, verificando las condiciones de estancia e internamiento de los procesados y sentenciados, cuyo fin primordial es la observancia del respeto a los derechos humanos.

 

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