Viernes, Abril 27, 2018
   
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COLUMNA DEL SENADO-Dolores Padierna Luna

*Ley de consulta popular

En  el periodo ordinario que terminó el viernes 13 de diciembre en el Congreso de la Unión estuvo agendada la Ley de Consulta Popular.

La minuta de esta ley tan importante llegó el mismo día en que se votó la reforma energética, todo fue una vorágine de presiones y lucha soterrada para imponer la privatización del petróleo, el gas, electricidad, así que lo que menos interesaba en ese momento era la consulta popular.

Cabe recordar que el tiempo límite para aprobar la ley reglamentaria de consulta popular venció el 10 de agosto; por ello, el PRD y varias organizaciones ciudadanas presentamos una iniciativa de ley que abriría las anchas alamedas de la participación ciudadana en los grandes asuntos del país. Un derecho negado por aquellos que temen a la opinión de la gente, un nuevo derecho constitucional que tenemos como sociedad para tomar decisiones en pleno curso de la democracia participativa.

Nuestra ley nunca se sacó del archivo y, en cambio, nos llegó otra con candados que cerraba la posibilidad de la consulta al pueblo.

Establece, por ejemplo, que no pueden hacerse consultas sobre reformas constitucionales, es decir, evitar que se haga consulta sobre la reforma energética.

Dice la minuta que la solicitud de consulta debe hacerse forzosamente en la Cámara de Diputados, pero la Constitución establece claramente que puede hacerse en cualquiera de las dos cámaras del Congreso, y nosotros ya metimos la solicitud en el Senado, entonces, quieren invalidar el proceso de consulta ya iniciado.

Los apoyadores de este minuta dicen que hay un transitorio que establece que por única vez los requisitos no se aplicarán a consultas ya iniciadas, pero el transitorio sólo habla de excluir del formato de la firma, pero no de los demás requisitos.

Y otros lamentables candados que de haberse votado hubieran significado un aval a este contenido y, por lo tanto, no se podría realizar la consulta popular.

La batalla continúa y no cesaremos en tener pronto una herramienta legislativa para revertir la decisión de privatizar los hidrocarburos.

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