Lunes, Octubre 15, 2018
   
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NI MÁS, NI MENOS: Arturo Estrada Rosales

*Los costos sociales de la reforma

Hasta cualquier contador privado egresado de una “escuela patito” entiende el principio contable de las columnas, “haber” y del “debe”. Y desde  la más primitiva de las empresas hasta la más compleja y gigantesca sólo puede funcionar si lleva riguroso control de sus entradas y salidas, o lo que es lo mismo, de sus ganancias y sus gastos.

Los sociólogos han introducido un término que incuestionablemente corresponde a una realidad, el de “costos sociales”, pero ese término y esa realidad dista mucho de ser considerada y de ser tomada con interés, en lo más mínimo, por la mayoría de las empresas cuya naturaleza y finalidad sólo le hace buscar la utilidad financiera.

Así funcionan innumerables empresas, tras del objetivo de la ganancia, y por ello sus dueños se acogen a una de sus máximas: empresa es sinónimo de negocio, empresa o negocio es lo mismo.

Cuántas veces no se oye, en boca de voraces empresarios, la expresión aquella con la que se tapa a cualquier disidente o se da término a cualquier discusión: “Esto es un negocios”. Lo que quiere decir en buena castilla. “Aquí lo que importa es el dinero”.

Mas de acuerdo a ciertas definiciones sobre los costos sociales, encontramos:

Son los costos generados por un proyecto que no son reflejados en el mercado y que asume el conjunto de la sociedad; Surgen como oposición a los costos privados efectivamente asumidos por el agente económico que los genera.

El costo social viene representado por los beneficios o bienestar que la sociedad deja de percibir, cuando el uso los recursos productivos de una nación no es óptimo.

Y entre los factores determinantes más importantes de este fenómeno se tiene:

Distribución del ingreso no equitativo; Mercados dominados por estructuras monopólicas nacionales o extranjeras; significativo desempleo, subempleo y capacidad física ociosa; importante desarrollo del sector de los servicios en detrimento de los sectores de la producción, primario y secundario; desviación del ahorro interno hacia el sistema financiero internacional; políticas públicas que promueven los desequilibrios mencionados; graves afectaciones y destrucción del medio ambiente, etc.

De este último punto, recordamos que hace ya muchos años apareció perdida en los diarios la denuncia que hacia contra Petróleos Mexicanos el director del Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste (inicio 1978-término 1999), Dr. Fernando Beltrán Hernández, por las graves afectaciones que producía a la ecología de la zona sureste del país.

No supimos en realidad qué logró con ella, sin que PEMEX lo tomase seriamente en cuenta, o que se siguieran contra él acciones vindicativas.

Hoy nos concretamos a recordar esa denuncia, que hace años formuló el científico. Lo que haya ocurrido desde entonces, lo conocen sobremanera los habitantes del sureste.

“Sin importar el desastre ecológico y elevado costo social, al precio que sea, el Gobierno Federal pretende, al parecer, lograr la máxima producción petrolera en el menor tiempo posible” decía el doctor Beltrán.

Y añadió “Pemex, no siempre incluye en sus actividades de explotación, el cálculo del costo social, que es el más importante para cualquier comunidad donde se descubren hidrocarburos”.

Y concluyó: no se trata de plantear amarillismo científico o afirmar que se trata de un nuevo jinete del Apocalipsis, sino de subrayar de la manera más objetiva, como resultado de la investigación científica, cuáles son las posibilidades del daño que se está produciendo, y el que se va a producir”.

En próximo, la explotación desmedida de petróleo que se hará en las aguas profundas y ultra profundas de nuestro país, por parte de las empresas extranjeras, que desde hace años están listas, tendrá consecuencias graves en el calentamiento global del planeta, habrá fenómenos naturales extremos. Habrá un costo social.

En síntesis, cuando el modelo de crecimiento no responde directamente a las deficiencias e insuficiencias sociales, es decir, las decisiones de los sectores público y privado no se traducen en el aumento progresivo del bienestar social, se determina un acumulativo costo social, que se convierte en una deuda social. Y esto desde hace muchas décadas, no es ajeno al pueblo.

Como sabemos, el funcionamiento de PEMEX es un claro ejemplo de  todo ello, de lo que ha dejado de hacer en favor del pueblo a través de más de siete décadas, cuando la corrupción ha sido su imagen, misma que ha sido avalada e impulsada por los partidos del PRI y del PAN, que junto con los gobiernos al paso, ejecutivos de la paraestatal, líderes sindicales y hasta las organizaciones criminales la han ordeñado, provocando casi su aniquilamiento, sin que funcionario alguno haya hecho algo por evitarlo. Es decir, todos han mamado a manos llenas.

Y seguirá siendo así, en el futuro cercano (con la imposición de la Reforma Energética), y esos fenómenos se recrudecerán, con la entrada de las empresas extranjeras que se encargarán de la explotación de nuestro patrimonio fósil, y demás servicios que seguirán prestando, vía licencias, contratos o concesiones, que al final son lo mismo, sinónimos.

Y preguntamos: ¿Qué, los legisladores de los partidos PRI, PAN y Verde Ecologista, tanto de la Cámara de Senadores como la de Diputados que votaron a favor de la Reforma Energética sabrían algo sobre los costos sociales? ¿Qué no les ha bastado los 75 años de corrupción en PEMEX, donde las ganancias han llegado a la alta burocracia y a la clase política, como para que ahora abiertamente permitan que extranjeros sean copartícipes del atraco?

¿Acaso creen que con la creación del nuevo órgano  anticorrupción, federal y local, van a evitar los robos, cuándo ese organismo no tendrá facultades punitivas, que no serán una amenaza creíble porque hará simples y pinches recomendaciones a la también nueva Fiscalía General federal al detectar corrupción en PEMEX, o de esta con las empresas extranjeras? Yo digo que sí lo sabían, nada más que se hicieron… “que la virgen les hablaba”.

Por otra parte, curiosamente, entre las empresas que maneja el Estado (PEMEX Y CFE), las denominadas paraestatales o de participación estatal, se ha difundido el criterio de la utilidad social; se dice que la razón de ser de estas empresas es la utilidad social, esto es, los beneficios obtenidos de la sociedad por los servicios que prestan esas empresas al conjunto social.

Pero muchas veces se menciona la utilidad social sin lógica alguna (dado que cualquier empresa, si es bien manejada, funciona con eficiencia), y se trae a colación para pretender justificar la ineficiencia, la incapacidad en la dirección, y hasta la corrupción institucionalizada dentro de la misma empresa.

Cuántos ejemplos no se podrían citar para probar que en la raíz de algunas se descubre el nepotismo, el compadrazgo, el amiguismo.

Esto es, que así como en numerosas ocasiones se crean puestos para dar empleo al fulanito que por alguna alianza matrimonial o de otra índole, ingresa a la gran familia revolucionaria, entre otras, no sólo el empleo sino hasta el negocio completo se llega a montar, para brindar al interesado la forma de ganarse segura y “honradamente” la vida.

Lo mencionado viene a cuento por el manejo que tenemos que hacer del concepto de los “costos sociales”, que toda empresa debiera considerar muy en serio, pero que resulta de una obligatoriedad insoslayable para aquellas empresas que se definen de utilidad social como PEMEX y la CFE.

En otros términos, en ninguna empresa sería admisible un balance negativo entre los beneficios que genera, y los costos sociales que ocasiona, menos lo es para aquella empresas cuyo objetivo fundamental es el servir a la sociedad.

Aberración total, tan claro como la luz del sol, pero parece que algunos no lo siguen viendo, ni lo admiten, o, por lo menos, no lo traducen a cifras reales para sacar las pertinente conclusiones.

En conclusión, regresaran las compañías extranjeras a manejar la industria petrolera nacional, tras 75 años de haber sido expulsadas. Y regresaran a nuestro México con más hambre para atragantarse de nuestras riquezas naturales, al fin que la ya se la mesa se las han puesto, sin importar los costos sociales y menos el bienestar social de millones de mexicanos, jóvenes y viejos, mujeres y niños.

Ante esa política energética de los grupos neoliberales, ya conocida y ahora a punto de renovarse, la única defensa que tendrá el pueblo de México, es esperar que los poderes económicos y políticos permitan que se realice en el 2015 la Consulta Pública, aun siendo un derecho social plasmado en la Constitución, para poder revertir o disminuir los costos sociales que sufrirá la sociedad mexicana, y por lograr que las empresas estatales y paraestatales cumplan su cometido, beneficiar a la sociedad.

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