Venden el periódico DIARIO DE MÉXICO a los empresarios Piñón Alvarado y Aceves Roa

Escrito por Redacción el . Publicado en Ciudad de México

El periódico Diario de México, fundado hace 66 años por el destacado periodista Federico Bracamontes Gálvez, fue vendido a un grupo de empresarios encabezados por José H. Piñón Alvarado y Martín Aceves Roa, a quienes el Sistema de Administración Tributaria no tiene registrados como causantes fiscales.

De acuerdo con lo que contiene el expediente 547/2006 relacionado con la demanda laboral radicada en la H. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que preside el licenciado Alejandro Arturo Rivas Vigil, los hermanos Federico Gustavo y Miguel Ángel Bracamontes Baz negaron rotundamente ser los propietarios del Diario de México, toda vez que fueron demandados por un trabajador despedido injustificadamente.

La demanda laboral se presentó en tiempo y forma en el año 2006 y como se acostumbra en estos tribunales, durante ese tiempo se realizaron decenas de audiencias para presentar, en caso del trabajador, las pruebas documentales que obligaran a los patrones a pagar lo que corresponda de acuerdo con la ley.

Así pasaron largos nueve años, hasta que por fin los abogados del demandante lograron demostrar ante la autoridad laboral que la supuesta venta del periódico a los empresarios arriba mencionados fue ficticia, solo para evadir los pagos a que están obligados los verdaderos dueños del periódico.

Los hermanos Bracamontes Baz intentaron burlar la autoridad del licenciado Rivas Vigil, al enviar a su abogado Ramón Estudillo Andrade a entregar un escrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el que textualmente se argumenta:

“Por lo que hace a los hechos que señala el actor en su escrito de fecha 29 de mayo de 2013, los mismos se contravienen en los siguientes términos: AI.- Es falso y se niega. Es cierto que con fecha 6 de junio de 2006 el actor formuló demanda en contra de la empresa Editoriales de México S.A. de C.V., Federico Gustavo Bracamontes Baz, Miguel Ángel Bracamontes Baz y Ana María Alonso, pero falso que dichos demandados se dediquen a la elaboración, distribución y venta de periódico y que dichos demandados tengan su domicilio ubicado en la calle Chimalpopoca número 38, colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc…”.

Si este testimonio ante una autoridad ya de por sí es grave porque en las ediciones de todos los días este periódico publica en su directorio los nombres de los propietarios, que son los Bracamontes, el abogado Astudillo fue enviado a presentar más argumentos falsos.

Astudillo siempre se presentó ante la Junta como representante de la empresa Editorial DDM, S.A de C.V., y para fundamentar su petición ante el licenciado Rivas Vigil de que declarara improcedente el incidente de sustitución patronal que presentó el trabajador, ofreció una prueba supuestamente respaldada con el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo y como punto tercero argumentó lo siguiente:

3.- Esta documental consiste en la copia certificada de la Escritura de Testimonio Notarial Número 492, pasada ante la fe del Notario Público Número 16 de Texcoco, Estado de México, lic. Carlos Enrique Valdez Ramírez, con el que se acredita plenamente que con fecha del 30 de mayo de 1994, los accionistas de la empresa denominada Editoriales de México, S.A. de C.V. sres Federico Bracamontes Galvez, Ana Elena Baz de Bracamontes, Federico Gustavo Bracamontes Baz, Miguel Ángel Bracamontes Baz y Juan Manuel Bracamontes Galvez enajenaron la totalidad de las acciones de dicha empresa, mismas que fueron adquiridas por los sres José H. Piñón Alvarado y Martín Aceves Roa, por lo que es falso que las empresas Editorial DDM, S.A. de C.V. y Mex Grafic, S.A. de C.V.,  en fecha alguna hayan adquirido total o parcialmente el patrimonio de dicha empresa.

Como se aprecia, este testimonio también resultó falso, porque el trabajador acreditó que los propietarios del periódico son los Bracamontes Baz desde hace 66 años y presentó documentos certificados emitidos por diversas autoridades federales, como la Secretaría de Gobernación y Educación Pública.

Esto fue determinante para que el mes de febrero de este año 2015 los verdaderos y auténticos dueños del periódico DIARIO DE MÉXICO, fueran obligados a pagar lo que el trabajador exigió apegado a Derecho o de lo contrario se procedería al embargo de la maquinaria con que se elabora el periódico.

Pero el asunto no queda ahí, pues además de esa demanda hay otras nueve que no han sido atendidas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y aunque todos los días se suman cantidades de indemnización, los trabajadores afectados ya solicitaron al SAT el rastreo de los supuestos adquirientes del periódico con que se intentó acreditar con un documento notarial, pues de ser localizados, tendrán que pagar los impuestos correspondientes a una empresa de esas características.